Muchas veces me preguntan por qué escribí este libro. Primero nació con una conversación con mi vecina, hoy mi querida amiga Nitza Rosenthal de Merlín, que luego con los años se transformó en consulta profesional, por ser abogada. Pero no podía hacer por ella y su historia, nada más que escribirla. La justicia, para los asesinatos, pasados los 40 años, no llegaría nunca. No soy penalista, pero sé que no había habido investigación, pruebas preservadas, el lugar de los crímenes fue arrasado y convertido en edificios públicos; el famoso paso del tiempo de los procesos argentinos se tragaba nuevamente a las víctimas y sus familias.
En cuanto al reclamo de los bienes, de la casa, claro que corresponde un juicio por cosa juzgada írrita y fraudulenta, ahora y siempre por parte de los titulares, en este caso por parte de Nitza y los herederos de sus hermanos fallecidos. Proviene de un acto indebido de expropiación del gobierno militar, concretado en tiempo record, presionados los titulares por los tiempos que corrían y con los antecedentes de las muertes violentas de sus padres. Los actos de la dictadura militar son delitos de lesa humanidad, no prescriben. Hay antecedentes en todo el país, me viene a la memoria el caso de una bodega en Mendoza que debió ser restituida al único heredero vivo que se salvó y regresó al país en tiempos de la democracia, reclamando lo suyo. En ese caso, en esa época se hizo lugar. Pero se debe llegar a estas sentencias favorables y firmes, en nuestro país, casi imposible.
En el caso de los Rosenthal, durante los primeros tiempos de la democracia, sucesivamente seguían en el poder, como ministros de gobierno, las mismas personas que estaban con poder durante la dictadura, y cercanas a todos los hechos ocurridos. El inmueble quedó en cabeza del estado formoseño y litigar contra los estados provinciales, en la propia jurisdicción local, por mi experiencia en otras provincias, siempre es adverso el resultado para el reclamante. Además, hay que disponer de 20 años más o menos, porque hay recusaciones y excusaciones de los posibles jueces intervinientes, las cámaras, el supremo tribunal provincial, nadie falla contra el estado. Sin perjuicio de la pérdida del expediente de expropiación, prueba básica en ese eventual juicio. Tampoco fallaría con justicia la Corte Nacional, pasarían años hasta que llegase a ella. La politización de la justicia federal es harto conocida y no hay miras de que mejore en transparencia y objetividad.
Nitza tenía 86 años y no podía encarar este tema. Además yo, había tenido este tipo de juicios en Entre Ríos, pero me colegié allá y tardé como 20 años. Entre lo óptimo y lo posible, esto último es lo que se debe elegir.
Rescatar la verdad de los asesinatos y el despojo de los bienes, dando sus razones, investigando y volcándolo en un libro, era lo posible para que no quedara en el olvido y sea recordado.
